45 millones (de nuestros bolsillos) sin control
El Grupo Municipal Socialista denunció hoy que el equipo de gobierno del Partido Popular impide la fiscalización de los 45’5 millones de euros aportados por el Ayuntamiento de Valencia durante los últimos cinco años a diferentes fundaciones y asociaciones en las que participa de forma mayoritaria. La concejala Ana Botella explicó que el descontrol está presente en las cinco fundaciones y asociaciones catalogadas como entidades sin fines de lucro en la relación de organismos dependientes del Ayuntamiento de Valencia. Se trata de la fundación València Escena Oberta (VEO), la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (FIUEC), la Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo de la ciudad de Valencia y, sobre todo, la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) y la asociación Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD).
Escucha el corte de voz sobre la ausencia de control en las aportaciones a entidades.
La regidora explicó que el Ayuntamiento de Valencia ha aportado durante los últimos cinco años a dichas entidades un total de 45.372.990 euros: 31.000.000 a TVCB, 3.987.400 al CEyD, 2.115.060 a FIUEC, 5.656.240 a VEO y 2.814.290 a la fundación del Pacto por el Empleo. “La cantidad total asciende a 7.500 millones de las antiguas pesetas, que el Ayuntamiento ha aportado sin ningún tipo de control ni fiscalización”, denunció la concejala en rueda de prensa.
Botella recordó que el único requisito que solicita el consistorio a dichas entidades para otorgarles su aportación anual es que certifiquen la recepción de la aportación del año anterior y que depositen sus cuentas en el Registro de Fundaciones o en el Registro Mercantil, sin garantizar el acceso a dichas cuentas ni de la oposición, ni de los técnicos ni de los organismos públicos de auditoría. “De hecho, la documentacion aportada hasta la fecha, no permite verificar la adecuada aplicación de los fondos municipales a los fines para los que se transfiere”, manifestó.
“Son 45 millones de euros, 7.000 millones de pesetas, que no han pasado ninguno de los controles presentes en cualquier sociedad democrática”, explicó Botella, quien lamentó que el gasto no se ha sometido a la fiscalización de los funcionarios públicos, de la oposición ni de la Sindicatura de Comptes. “¿Si cuando se fiscalizan las cuentas afloran casos de corrupción, que puede pasar cuando no se hace?”, se preguntó la regidora, quien culpó al Ayuntamiento de la opacidad, pues “el control de un presupuesto no puede estar sometido exclusivamente al control de quien lo ejecuta”.
Por ello, la concejala lamentó que en el último pleno municipal los concejales del Partido Popular rechazaran la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que se adopten las medidas de transparencia necesarias para acabar con la opacidad con la que dichas entidades gestionan el dinero público y permitir el control y la fiscalización de sus cuentas y actividades. La moción proponía que, en adelante, cualquier fundación, consorcio o asociación no municipal que aspire a una aportación del consistorio aporte sus cuentas anuales del último ejercicio; una auditoría de cuentas; la relación anual de operaciones del último ejercicio, en la que se especifiquen los conceptos de gasto, proveedores y clientes e importes contratados con cada uno de ellos; la memoria de actividades del último ejercicio; la propuesta de actividades para el próximo ejercicio; la relación de personal contratado por la entidad; la descripción de los órganos de gobierno en vigor, especificando los nombres de las personas que ocupan cada cargo; y las actas de los acuerdos de sus organos de gobierno, en las reuniones mantenidas en el último ejercicio. Asimismo, exigía que las cinco entidades mencionadas aporten la documentación correspondiente a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
“El Partido Popular no es inocente de este sistema de opacidad. Es quien lo ha creado, y quien ha rechazado la adopción de medidas para garantizar la transparencia. Transferir dinero público a fundaciones y asociaciones privadas no le exime de dar cuenta de en qué se lo ha gastado”, afirmó la representante socialista, para quien “no podemos permanecer impasibles ni hay que esperar a que intervengan los jueces”. No en vano, según explicó la concejala, los últimos casos de corrupción salidos a la luz pública, como el del Palau de la Música o el Palma Arena, han tenido en común rasgos que también están presentes en las aportaciones del Ayuntamiento a estas fundaciones, “como son el abundante dinero público, el control monolítico por parte del gobierno y la arbitrariedad en el gasto”.
Botella recordó la ecuación en la que se establece que la corrupción es igual al monopolio más la arbitrariedad menos la transparencia, según la cual a más transparencia, menos corrupción, y viceversa. Por ello, consideró que la actuación municipal “sólo cumple los mínimos legales exigibles”, pero en absoluto es ética.
(Nota de prensa enviada a los medios de comunicación)
